¿Cualquier tiempo pasado fue mejor?: El Caso del Transporte Urbano en el Ayer y Hoy

Cuando se trata de opinar sobre política, resulta natural que muchos de nosotros comparemos nuestra precaria situación actual con la bonanza económica de tiempos pasados. Esta simple comparación adquiere una mayor relevancia cuando se hace parte de un específico discurso político: A menudo, el “antes” se identifica con el Estado interventor, con el régimen económico de la Constitución del 79, con el orden, con la igualdad. Por otro lado, el “después” se identifica con el presente, con el neoliberalismo de la Constitución del 93, con la pobreza y desigualdad.

Sin embargo, la extrema simpleza de este discurso nos aleja muchas veces, en mi opinión, del verdadero problema. El ejemplo de un problema actual como el Transporte Urbano puede ayudar a clarificar mejor esta afirmación. Así, el presente se identifica con el caos: contaminación, informalidad, accidentes, caos vehicular, correteos, coimas, embotellamientos, malestar ciudadano, alza de tarifas, etc. Nada se compara con el transporte público del pasado, con el paraíso de los Icaros, del orden, del Estado interventor ¿Es que acaso, cuando hablamos del transporte público, cualquier tiempo pasado fue mejor?

Esta añoranza por el pasado tiene una gran implicancia política, en especial cuando se demanda la vuelta por un régimen económico en el que el Estado es el principal protagonista. El cuestionamiento, pues, ataca frontalmente el principio de subsidiariedad. Este principio enseña que el Estado sólo debe intervenir “en defecto de” la inversión privada y cuando exista un “interés nacional” (Art. 60º de la Const.) Este principio se enmarca dentro de una Economía social de mercado, concepto que ha sido definido por el Tribunal Constitucional como “una tercera vía entre el capitalismo y el socialismo” (STC Nº 008-2003-AI/TC; F.J. 16).

Pero ¿es realmente el modelo económico el problema o lo es más bien la negligencia de aquellas autoridades políticas que deberían hacerlo funcionar? A mi juicio, resulta imprudente satanizar el modelo imperante. Las razones son objetivas, en especial en el caso del transporte urbano: 1. hay más puestos de trabajo (choferes, cobradores, dateros, verificadores de boletos, arrendadores de tarjeteros); 2. Gracias a la diversidad de rutas muchas personas que viven en zonas marginales tienen acceso a la ciudad; 3. una empresa estatal que pretenda cubrir la demanda actual de transporte urbano no se daría abasto para satisfacerla.

¿Es que acaso pretendo defender aquí -para el desagrado de algunos- el modelo económico del status quo? No, no es mi intención generar aquí un debate entre la mejor o peor ideología. Tampoco sé si los magistrados del TC sean o no unos caviares, eso no me interesa en lo absoluto. Lo que me interesa es hacer ver cómo, frente a los problemas sociales y políticos que nos aquejan, la discusión se politiza radicalmente, se convierte en una excusa para tumbarse al sistema imperante (léase democracia o economía social de mercado), alejándose, de esa manera, del verdadero problema: la existencia de una reposada clase política que no sabe cómo convertir en realidad los ideales plasmados en la Constitución (la misma que sostiene, en su artículo 1º, que la defensa de la persona humana y de su dignidad, son los fines supremos de la sociedad y el Estado).

No quiero que se me malentienda. Cuando hablo de una reposada clase política no aludo directamente al actual partido de gobierno (mas bien a éste debemos agradecer por haber embellecido un tramo de la ciudad con esos preciosos murales pintados sobre viejas estructuras de cemento y fierro), pues el problema del transporte urbano (así como muchos otros problemas) viene surcando ya varios gobiernos, tanto a nivel presidencial como municipal. Se trata, a mi juicio, de la ausencia de voluntad política, de un menosprecio hacia las opiniones de los tecnócratas, de la falta de visionarios que tomen en cuenta los problemas urbanísticos en los próximos 10 o 20 años; de un gobierno que, aplicando el principio de subsidiariedad, se ha olvidado de sus funciones de regulación, prevención, fomento, desregulación, fiscalización y sanción, lo que ha terminado por desnaturalizar dicho principio; en fin, de la ausencia de gobernantes y ciudadanos que busquen hacer realidad los ideales constitucionales, antes que pensar en destruirlos, ya sea con su negligencia o con su resentimiento.

Recientemente, un reportaje ha revelado todo un sistema de corrupción dentro del propio Ministerio, en el que algunos funcionarios públicos cobraban dinero a cambio de borrar los antecedentes de aquellos choferes de transporte público y que merecían la suspensión de la licencia. Resulta ingenuo pensar que funcionarios como éstos sólo existen en las democracias o en los regímenes comunistas.

Hecha esta breve reflexión, debemos revisar el escenario político sobriamente, sin desviar nuestra atención de lo que resulta ser la pregunta esencial: ¿cuáles son los puntos de agenda que el gobierno ha dejado de lado y debe tomar en cuenta a fin de solucionar el problema del transporte urbano?

1. Falta de planificación.- Entre algunos de los problemas relacionados con la falta de planificación tenemos: falta de coordinación entre municipalidades respecto del inicio de las obras; no se toman en cuenta datos importantes como el crecimiento de la población, los lugares que a futuro estarán destinados a albergar una mayor densidad poblacional, preveer los lugares que estarán destinados a zonas comerciales, etc.; falta de previsión respecto de la infraestructura vial (por ejemplo, se construyen avenidas para, después de algunos años, ensancharlas).

2. Priorizar la reordenación de rutas a la creación de infraestructura vial.- antes de construir nuevas vías es necesario crear en la ciudad un plan de ordenamiento de transporte público que incluya una nueva licitación de rutas .

3. Un mercado saturado: efectos devastadores de la competencia.- “El transporte como lo conocemos ahora obedece principalmente a la lógica de la competencia en un contexto en donde la demanda por el servicio se ve rebalsada por la oferta de unidades. En una ciudad empobrecida como la nuestra el transporte atraviesa ahora un proceso acelerado de precarización tanto en el servicio como en las condiciones de trabajo. El nuevo modelo lleva a los transportistas a prolongar la jornada de trabajo y recrudecer la competencia, aunque ésta sea al margen de las reglas de tránsito, para mantener un nivel de ganancia que ya desde antes se va estrechando. De ahí que para el usuario o el observador externo (y no sin falta de razón) las conductas desviadas o anómicas, el incumplimiento de las reglas, las conductas agresivas y temerarias al volante y el maltrato hacia los pasajeros sean los rasgos principales que definen al estereotipo del transportista.(…) Las iniciativas del Estado por asegurar ciertos estándares al servicio por lo general afectan la dañada economía de los transportistas y se presentan como una amenaza para sus ya limitados márgenes de ingresos por lo que las mismas no resultan prácticas o no tienen correlato con la realidad” . ¿Qué hacer en un contexto como el descrito? Pues, tratándose de un mercado saturado, es imprescindible poner altas vallas de acceso al mercado, por lo menos en aquellas rutas saturadas, a fin de asegurar que no ingresen más competidores.

4. Coordinación con otras municipalidades.- El hecho de que la Municipalidad de Lima tenga jurisdicción sobre las vías principales y cada municipalidad distrital sobre las secundarias complica la planificación y operación del tránsito . Se requiere, por tanto, un trabajo coordinado.